patriciaLa aprobación en mayo de este año del esperado reglamento de “Prevención de blanqueo de capitales” que desarrolla la Ley 10/2010 ha dado gran protagonismo a esta normativa, especialmente entre aquellos operadores que,  como los promotores inmobiliarios, son sujetos obligados.

Es fácil, más en los tiempos que corren, entender el sentido y finalidad de estas políticas y cómo las mismas son imprescindibles para configurar una sociedad más justa y sana. Pero, desde luego, su exigencia debería venir acompañada de medidas que ayuden a los sujetos obligados a su cumplimiento, y ello especialmente, cuando el  espíritu y filosofía de estas normativas chocan en muchas ocasiones con nuestra cultura y los principios y valores de nuestro sistema jurídico.

Así, no es siempre fácil  hacer entender a los clientes que para comprar una vivienda debe aportar al vendedor datos y papeles sobre sus actividades, su residencia, el origen de los fondos con los que pretende afrontar la compra, si ha desempeñado cargos de responsabilidad pública, él o algún familiar cercano. El cliente se molesta porque sigue considerando que esta información es privada y por tanto, una intromisión “injustificada” en sus asuntos.  Sería muy útil el desarrollo por parte de la Administración de una labor de información y concienciación a la ciudadanía para que entendieran, que el vendedor solo está cumpliendo con las “Medidas de diligencia debida” que le impone la normativa citada.

Mayores dificultades de comprensión y encaje legal presenta el cumplimiento de las citadas Medidas de diligencia debida en la contratación de empleados. Dudoso es que a un trabajador se le pudiera exigir para su contratación la aportación de un certificado de antecedentes penales, máxime cuando no existen certificados limitados a los delitos contemplados en la Ley  y por tanto, de exigirse, estos podrían incluir antecedentes que nada tienen que ver con la prevención del blanqueo ni con su honorabilidad y capacidad para desempeñar un puesto. Aquí, en mi opinión, no solo está en juego la privacidad sino también el del derecho a la reinserción social que como derecho fundamental está consagrado por nuestra Constitución. Quizá la expedición de certificados a los solos efectos de la Ley (unido a las medidas de concienciación ya mencionadas) ayudaría al cumplimiento

Patricia Hernández, directora del departamento jurídico de Vía Célere