Las ciudades disruptivas crecen más rápido que el resto de ciudades, atraen más talento, generan más empleo y este es de mejor calidad. Son los centros más dinámicos del planeta y sirven de referencia a todos los demás.

En estas urbes, el factor que marca la diferencia suele ser la introducción de tecnología innovadora por la que la Administración decidió apostar. Sin embargo, no se trata de una apuesta fácil de hacer. Además de la incertidumbre que supone, adoptar tecnología que modifica todo un sector genera, necesariamente, cambios traumáticos que todo político desea evitar.

A modo de ejemplo, es posible imaginar la introducción de los drones (ARP’s) como vehículos de transporte de paquetería directamente a nuestras casas (considerando un espacio habilitado para la descarga en nuestras promociones). La tecnología ya existe, es segura y  tiene grandes ventajas a nivel de contaminación urbana y de disminución del tráfico rodado. Por otro lado, el coste es muy claro: se eliminan muchos puestos de trabajo (repartidores y transportistas) que difícilmente se podrán reconvertir al tejido productivo.

La respuesta de la Administración en España suele ser la de obstaculizar estas iniciativas y, de paso, mantener el status quo. Es decir, el miedo a un escenario disruptivo es tan elevado que, en vez de regular la nueva actividad, se lanzan normas para parar el tiempo y para que la tierra deje de girar.

No cabe duda de que son decisiones complejas, sin embargo, negar la Ley de la gravedad no nos hace más flacos. Únicamente posterga lo inevitable y conduce a lo que ocurre en todas las ciudades no disruptivas – que se ven abrumadas por las circunstancias, que crecen menos y que tienen más paro.

 

Autor: Miguel Pinto, Director de innovación de Vía Célere