Miguel Pinto, director de la Fundación Vía Célere

Miguel Pinto, director de la Fundación Vía Célere

En España, el proceso de construcción inmobiliario genera más de 790 kilogramos de residuos por habitante/año (120 Kg/m2 en las viviendas de nueva construcción), lo que supone un 65% más que la media de la Unión Europea. Estos datos incumplen la línea fijada en el Protocolo de Kioto y la Directiva 2010/31/UE, que establece que los Estados miembros de la UE deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que en el año 2020 todos los edificios de nueva construcción tengan un consumo de energía casi nulo.

Este es el motivo que hace que sea tan urgente reducir la demanda de energía convencional y aumentar el autoabastecimiento durante todo el proceso de construcción. Desde la fabricación de los materiales hasta la finalización de su vida útil, para conseguir edificios que se ‘alimenten’ del sol o de otras fuentes renovables de forma activa (fotovoltaica, geotermia, etc.), o pasiva (arquitectura bioclimática).

Se trata de un cambio radical en el sector para todos los agentes: del desconocimiento al compromiso. En este sentido, el certificado energético es un hito importante para mejorar la eficiencia energética de los edificios. De hecho, sólo se cambia aquello que podemos identificar y medir. Por eso, el certificado tiene el mérito de cuantificar y hacer público el estado energético del inmueble. No se trata de un tema menor, ya que contribuirá a un importante cambio en la cultura energética de la sociedad. En el caso de la vivienda, se obligará a los propietarios de inmuebles y promotores inmobiliarios a comunicar las prestaciones energéticas de los mismos. Esto permitirá al cliente diferenciar las viviendas entre sí y estimar el mayor gasto (o mayor horro) que supone tener una calificación energética más baja (o más elevada).

A modo de ejemplo, un edificio con una calificación energética B supone una disminución de emisiones CO2 y una reducción significativa de la demanda energética del edificio (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria). Esto se traduce en un ahorro energético estimado del 60% (respecto a una calificación D) y, por consiguiente, en una importante disminución del gasto familiar en este concepto.

Es el inicio de un largo camino hacia la sostenibilidad. Los agentes del sector han de tomar conciencia de la importancia de edificar con criterios sostenibles, cuyos beneficios tendrán su eco en el futuro de la sociedad. El certificado energético va más allá de una obligación legal, sino que implica un compromiso moral de todos para el bien del urbanismo. Es el primer paso de un recorrido que conllevará grandes cambios.